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(mvc, Málaga). Se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado español (BOE), el Real Decreto-ley (RDL) 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo[1], que incluye medidas para reducir los costes de pymes y autónomos, para reforzar la financiación empresarial, medidas fiscales, medidas para facilitar el ajuste de la economía y proteger el empleo y medidas de protección de los ciudadanos. Las medidas para reforzar la financiación empresarial se encuentran reguladas en el capítulo dos. El Poder Ejecutivo (PE) apunta en el preámbulo que para facilitar que las empresas que se han visto afectadas por la crisis sanitaria actual puedan hacer frente de la mejor forma posible a los pagos derivados de créditos que desde distintos instrumentos de la administración se habían otorgado, se habilita al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)[2], a conceder aplazamientos de las cuotas de los préstamos concedidos en el marco de sus programas de subvenciones o ayudas reembolsables, extendiendo así a los créditos del IDAE la posibilidad de aplazamiento de cuotas[3]
Además de tomar medidas para reforzar el acceso a la liquidez o facilitar el pago de los créditos, entiende el PE de la necesidad de garantizar la continuidad del desarrollo de las transacciones económicas y aportar seguridad a las operaciones comerciales en un contexto de incertidumbre como el actual. A este respecto, el sector asegurador desempeña un papel destacado. El seguro de crédito y de caución contribuye a la consecución de dichos objetivos, ya que sirven, respectivamente, de garantía del cobro de las ventas o prestaciones de servicios y del cumplimiento de las obligaciones legales o contractuales. Es necesario reforzar los mecanismos que contribuyan a que el sector asegurador desempeñe dicho papel. Por ello, dada la situación adversa del mercado de crédito y las dificultades que, como consecuencia de la reducción de la cobertura de riesgos asegurados, puedan afectar a las relaciones comerciales y los pagos entre las empresas, se habilita al Consorcio de Compensación de Seguros para que desarrolle actividades de reaseguro de crédito y de caución a partir de 2020.
El objetivo fundamental de la línea de avales aprobada por el RDL 8/2020[4] fue preservar la normalidad de los flujos de financiación y de los niveles de circulante y liquidez, en particular de pymes y los autónomos[5]. Para reforzar las medidas de apoyo a la liquidez y ampliar su alcance, el RDL prevé un reforzamiento del reaval concedido por la Compañía Española de Reafianzamiento, Sociedad Anónima (CERSA), con el fin de aumentar la capacidad de aval de las Sociedades de Garantía Recíproca, presentes en todas las Comunidades Autónomas de España y con gran capilaridad como reforzadoras del acceso a la financiación de las pymes de las distintas áreas geográficas en que se encuentran presentes. Además, establece que podrán beneficiarse de los avales los pagarés incorporados al Mercado de Renta Fija de la Asociación de Intermediarios de Activos Financieros (AIAF) y al Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), fomentando el mantenimiento de las fuentes de liquidez proporcionadas por los mercados de capitales y no sólo a través de los canales bancarios tradicionales[6]. Finalmente, se garantiza que la línea de avales por importe de hasta 100.000 millones de euros podrá liberarse hasta el 31 de diciembre de 2020. Fuente de la información: BOE. Fuente de la imagen: romanakr en pixabay.
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[1] BOE» núm. 112, de 22 de abril de 2020, páginas 29473 a 29531 (59 págs.) Sección: I. Disposiciones generales. Departamento: Jefatura del Estado. Referencia: BOE-A-2020-4554. https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf Sitio visitado el 22/04/2020.
[2] Organismo público adscrito a la Secretaría de Estado de Energía.
[3] Ya aprobada en reales decreto-leyes anteriores para los créditos de la Secretaría General de Industria, el programa REINDUs, entre otros.
[4] El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, aprobó una línea de avales otorgada por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para cubrir la financiación otorgada por entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito, entidades de dinero electrónico y entidades de pagos a empresas y autónomos, dotada con un importe máximo de 100.000 millones de euros.
[5] En concreto, la línea de avales debía permitir que las empresas y autónomos continuaran abonando los salarios de sus empleados, adelantar el cobro de sus facturas, a través de figuras como el factoring, o anticipar el pago de facturas a sus proveedores, a través de modalidades como el confirming, estableciendo de esta forma medios para el mantenimiento de los niveles de actividad económica y de empleo. Las entidades que otorguen la financiación deben velar por el cumplimiento de estos objetivos, con el fin de que la liquidez siga llegando al conjunto del tejido productivo, en particular a través de los canales de crédito comercial y pago a proveedores. El citado real decreto-ley establece que las condiciones aplicables y requisitos a cumplir, incluyendo el plazo máximo para la solicitud del aval, se establecerán por Acuerdo de Consejo de Ministros. Los pasados 24 de marzo y 10 de abril, el Consejo de Ministros adoptó sendos Acuerdos liberando un total de 40.000 millones de euros de avales a conceder a empresas y autónomos. El 75 % de los avales puestos a disposición se concentran en pymes y autónomos, como agentes claves que son de la actividad económica, cuyo acceso a la liquidez es fundamental para el buen funcionamiento del tejido productivo.
[6] En ambos casos, las condiciones de los avales se establecerán por Acuerdo de Consejo de Ministros.