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| Fuente de la imagen: Tumisu en pixabay |
(mvc, Málaga). España se aleja del resto de Europa en cuanto a las medidas fiscales para reducir los efectos económicos del COVID-19. Basándose en algunos estudios realizados recientemente por diversas organizaciones (SME United –organización que representa los intereses de las pymes y autónomos europeos–, CEOE y Foment del Treball Nacional), el Consejo General de Economistas (CGE) ha realizado una comparativa donde se constata que en la mayoría de países de nuestro entorno se han llevado a cabo aplazamientos de plazos de presentación y de pagos de impuestos. Según el CGE, a diferencia de España, la gran mayoría de países europeos (22 hasta la fecha) han extendido los plazos para el cumplimiento de las obligaciones tributarias a la generalidad de las empresas, unos ampliando los tiempos de presentación de los impuestos, y otros, el pago de los mismos[1].
Han sido menos los países europeos que han aplazado temporalmente el pago de cotizaciones a la Seguridad Social[2], aunque sí lo ha hecho alguna primera potencia, como Francia –donde se han diferido los pagos–, o alguno de los países más afectados por esta crisis, como Italia –que ha suspendido las cotizaciones para los sectores afectados para los meses de marzo y abril–. No obstante, si bien el Gobierno de España no ha tomado apenas medidas en este sentido, la mayoría de las comunidades autónomas de nuestro país (al menos 15 hasta la fecha) han ampliado plazos de presentación de autoliquidaciones de pagos de impuestos en el ámbito de aplicación de los tributos propios (sobre estancias en establecimientos turísticos, por ejemplo) y cedidos (Transmisiones Patrimoniales, Sucesiones y Donaciones, Actos Jurídico Documentados y Tributos sobre el Juego[3].
Ante la crisis, y puesto que algunas de las medidas sobre plazos, presentación de declaraciones o flexibilización de aplazamientos de autoliquidaciones no se aplican respecto a procedimientos tributarios, de deudas o de autoliquidaciones de los tributos cedidos o propios de las CCAA, estas han reaccionado legislando de muy diferente manera: las más han optado por ampliar los plazos para declarar o autoliquidar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y el Impuesto sobre Transmisiones, añadiendo algunas lo relacionado con Tributos sobre el Juego[4]. Otras añaden ampliación en tributos propios[5] y, por último, algunas han adoptado iniciativas como que no se compute el tiempo de duración del estado de alarma para la duración máxima de los procedimientos, prescripción o caducidad[6], o declarar inhábiles los días del estado de alarma[7]. En los territorios forales han sido generosos en la ampliación de plazos de autoliquidaciones de todo tipo y en la flexibilización de aplazamientos y de cumplimiento de plazos en los procedimientos tributarios.
A la vista de los resultados de los estudios[8], desde el CGE se ha solicitado al Gobierno de España la ampliación de los plazos de las autoliquidaciones tributarias y de las declaraciones informativas, que se agilicen los aplazamientos de deudas tributarias también para otras empresas que no sean pymes, que se modifiquen los plazos del Impuesto sobre Sociedades, que se pueda cambiar la modalidad de cálculo del pago fraccionado de Sociedades, que se pueda reducir el pago fraccionado de empresarios en módulos y que se haga una moratoria en relación al pago de cuotas a la Seguridad Social. Esta petición se ha efectuado mediante la remisión de tres escritos a los ministerios de Hacienda, Economía y Seguridad Social. Fuente de la información: CGE. Fuente de la imagen: Tumisu en pixabay.
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[1] Dicha comparativa pone de manifiesto que, mientras que en España únicamente se han aplazado, hasta 30.000 € y solo para determinadas pymes, los importes a ingresar resultantes de las próximas autoliquidaciones, en la gran mayoría de países europeos (22 estados hasta la fecha) se han extendido los plazos para el cumplimiento de las obligaciones tributarias a la generalidad de las empresas, unos ampliando los plazos de presentación de los impuestos, y otros, el pago de los mismos (entre otros, Alemania, Francia, Italia, Portugal, Bélgica, Países Bajos, Austria y Dinamarca)
[2] En cuanto a las contribuciones a la Seguridad Social de trabajadores, empresarios y autónomos, han sido menos los países que han adoptado medidas, aunque sí alguna primera potencia, como Francia –donde se han diferido los pagos–, o alguno de los países más afectados por esta crisis, como Italia –que ha suspendido las cotizaciones para los sectores afectados para los meses de marzo y abril–. En España, las medidas adoptadas en el plano de la Seguridad Social se han restringido solo a los ERTE de causa de fuerza mayor motivados por el COVID-19, cuando precisamente España es uno de los países con las cotizaciones a la Seguridad Social más elevadas de Europa.
[3] A diferencia del Gobierno de España, que no ha tomado apenas medidas en este sentido, la mayoría de las comunidades autónomas de nuestro país (al menos 15 hasta la fecha) han ampliado plazos de presentación de autoliquidaciones de pagos de impuestos en su ámbito de aplicación de los tributos (ver ANEXO 2: Medidas tributarias aprobadas por las comunidades autónomas por la crisis del coronavirus, en el que los Servicios de Estudios del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) analizan, una a una, todas las medidas implementadas por cada CCAA).
[4] Es el caso de Andalucía, Aragón, Cantabria, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid o Comunidad Valenciana –aquí solo anunciado
[5] Como Cataluña y Madrid.
[6] Como Baleares (al igual que hizo la AEAT).
[7] Como ha hecho Madrid.
[8] Comparativa europea y medidas CCAA.