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De esta manera, los hijos no se "ahorran" impuestos; lo que sucede es que la operación se fracciona en dos hechos imponibles distintos, ambos sujetos al ISD. Lo que muchos intentan vender como un "ahorro" es, en realidad, un pago del impuesto en dos momentos diferentes, sin que se produzca una reducción de la carga fiscal global prevista por la ley. Además, las autoridades tributarias españolas están atentas a estas maniobras. La Ley General Tributaria (LGT) cuenta con herramientas específicas para combatir las operaciones que buscan eludir el pago de impuestos. El art. 15 de la LGT, relativo al Conflicto en la Aplicación de la Norma Tributaria, permite a la Administración Tributaria (AT) ignorar los efectos de los actos o negocios jurídicos si se demuestra que su única finalidad es evitar el pago de un impuesto que, de otro modo, se habría devengado, y no existe una razón económica o jurídica válida detrás de esta fragmentación. Si la Hacienda Pública considera que la operación se llevó a cabo con una finalidad puramente fiscal, podría liquidar el impuesto como si la herencia se hubiera transmitido directamente en pleno dominio. En casos más extremos, si se considera que la donación de la nuda propiedad es una operación completamente simulada, es decir, una farsa sin verdadera sustancia jurídica, el art. 16 de la LGT sobre la Simulación prevé consecuencias aún más severas, incluyendo multas muy elevadas. Aquellas personas que sigan este consejo "ahorrador" se exponen a riesgos considerables. Si la AT detecta la operación[1], emitirá liquidaciones complementarias reclamando el ISD no pagado por la consolidación del dominio, aplicará intereses de demora sobre las cantidades adeudadas y, lo que es más grave, impondrá sanciones significativas por la infracción tributaria cometida, que pueden ser muy onerosas. En definitiva, la promesa de un "ahorro" fiscal a través de la nuda propiedad y el usufructo en herencias es un mito peligroso que puede derivar en un coste mucho mayor para los contribuyentes. Ante cuestiones de tanta trascendencia económica y legal, es crucial buscar siempre el asesoramiento de profesionales cualificados y con una sólida base jurídica, que operen dentro del estricto marco de la legalidad vigente. Solo así se garantizará una planificación patrimonial segura y conforme a derecho, evitando dolores de cabeza y gastos inesperados.
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[1] Algo muy probable, dado el registro de la propiedad y los datos fiscales.