De lo referido en la Ley General Tributaria española (LGT) y de la Constitución Española (CE), se desprenden principios como el de igualdad y generalidad, en el sentido que todos los españoles son iguales a la hora de pagar los tributos. También el principio de capacidad económica, es decir, la cantidad de ingresos o riqueza que un ciudadano posee, por lo tanto los tributos tendrán que tener en cuenta esta capacidad a la hora de determinar lo que cada ciudadano debe pagar.
Pero existen otros principios de fiscalidad, como el de progresividad, que tiene relación con cuanta más capacidad económica tenga una persona, más tributos pagará de forma progresiva; o el principio de no confiscatoriedad, en el sentido de que la tributación no podrá ser superior a la renta o patrimonio gravado. Finalmente, el principio de legalidad, recogido en el artículo 133 de la CE establece que el único que tiene poder para establecer los tributos es el Estado mediante Ley.